La amenaza de la corrupción es universal. Podría decirse que ella es frenada allí donde, del lado estatal, hay instituciones más fuertes, reglas más claras, transparencia; funcionarios profesionales; y controles y sanciones efectivas; del lado político, un cuidado en el gobierno por mantener buena reputación y desarrollar una carrera, y una oposición activa; y del lado social, cierta cultura de rechazo a la corrupción. Se trata de una confluencia de factores relativamente excepcional, de allí que la corrupción sea un problema serio en todo el mundo.
Cuando estallan escándalos de corrupción, y vemos actuar a las instituciones de control, por ejemplo, encarcelando a presidentes regionales, ¿qué podemos deducir? Primero, que se fracasó en evitar la comisión de delitos. En nuestro caso, todas las variables parecen estar mal: instituciones débiles, opacidad, marañas burocráticas, funcionarios precarios, liderazgos caudillistas y arbitrarios, cooptación de la oposición, tolerancia social frente a la corrupción.
A esto hay que sumar que la dinámica de la economía parece ir en contra de una ética pública escrupulosa; desde la economía se presiona para que las regiones gasten, por los riesgos de una recesión, o para frenar el descontento social frente a la inversión privada en regiones mineras, cuyos beneficios “deberían” hacerse evidentes. Recordemos que César Alvarez fue reelecto presidente regional y se presentaba apenas el año pasado como un gestor eficiente, que ponía a Ancash como la región con mejores indicadores de ejecución del gasto público y ejemplo de grandes inversiones, resultado de una política amigable con la inversión minera. El resultado era prosperidad y paz social, a diferencia de Cajamarca, supuestamente. Más presupuesto, más actividad económica, más presiones por gastar, generan más oportunidades y tentaciones para la corrupción. No solo vía la apropiación de dineros públicos, también de extracción de dinero privado mediante sobornos a cambio de decisiones a favor de algunos o en contra de otros.
Una segunda cosa que se podría deducir es que aparentemente se tuvo éxito en detectar y sancionar la corrupción. Sin embargo, uno se pregunta si la ausencia de denuncias o escándalos es indicador de menores niveles de corrupción, y si su proliferación es consecuencia de lo contrario. Esta última puede ser consecuencia de una voracidad excesiva, o de exclusiones o mezquindades en el reparto. La corrupción parece requerir cierta discreción, sentido de la mesura, y generosidad en el reparto, como describió recientemente el expresidente de la región Moquegua, Jaime Rodríguez: una cosa es robar en carretilla y compartir, mientras que otros roban en volquetes o trailers, y no reparten nada. Por esto, muchas veces las acciones de control son más resultado de files armados por intereses opositores, que del celo y eficiencia de los organismos fiscalizadores.
A todo esto hay que sumar la amenaza del crimen organizado. Para otra semana.
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