lunes, 5 de octubre de 2015

Reforma política de Transparencia


Hace unas semanas comenté que en la Asociación Civil Transparencia, institución de la que soy parte, preparamos una propuesta de reforma política. Ella puede ser leída aquí.

Una más sobre Keiko en Harvard

Artículo publicado en La República, domingo 4 de octubre de 2015

Hasta ahora, Keiko Fujimori carece de un perfil propio, más allá de ser proyectada como una imagen más amable del rostro de su padre. Fue primera dama desde 1994, a los 19 años, y al inicio era solo la acompañante de su padre. Intentó marcar alguna distancia de Vladimiro Montesinos hacia el final del fujimorismo, pero Keiko no tenía entonces mayor peso político. Fue la congresista más votada en 2006, pero bajo la candidatura presidencial de Martha Chávez; y como líder de bancada, no marcó tampoco diferencias. Acaso no había necesidad, porque el gobierno de García asumió y legitimó gran parte de los sentidos comunes del fujimorismo. En 2011 Keiko F. como candidata obtuvo el 23.6% de los votos, quizá no a pesar, sino precisamente por, la candidatura de su padre al senado japonés en 2007 y su extradición y condena a 25 de prisión en 2009. Además, al enfrentarse a Humala en segunda vuelta, Keiko F. quedó muy naturalmente alineada con los sectores conservadores con lo cual tampoco tenía cómo destacar un perfil distintivo. En esa campaña pudo registrarse una lucha faccional de baja intensidad entre “albertistas” y “keikistas” que ha continuado hasta ahora, pero es claro que en esa elección el primero tuvo un peso decisivo.

Desde entonces Keiko F. ha estado muy activa haciendo una campaña de bajo perfil construyendo la candidatura de 2016. La inercia del apoyo del fujimorismo como identidad política difusa la pone encabezando cómodamente las encuestas de intención de voto, sin necesidad de desarrollar grandes iniciativas. Desde esta perspectiva, acaso lo que más le convendría sería seguir dejándose llevar, y solo encender motores cuando quede claro con quién se enfrentaría en segunda vuelta. En otras palabras, no habría ninguna “necesidad” de aceptar una riesgosa invitación a hacer una presentación pública en la Universidad de Harvard. Acaso la necesidad se ubique a un nivel psicológico, por fin mostrar independencia frente al entorno que la rodea; y responda a la necesidad de Keiko F. de imponer términos más propios en la lucha al interior del fujimorismo, en un momento en el cual se empieza a negociar la lista de candidatos a las vicepresidencias y al Congreso. Definir cuál sería la ubicación de alguien como Julio Rosas, por así decirlo, que terminó con su salida. El objetivo sería ganar espacio en la interna, a pesar de correr riesgos en lo electoral. La ventaja que lleva le da margen para ello, aunque ciertamente resulta evidente que el fujimorismo no estaba para nada preparado para el cambio en la orientación discursiva.

La movida es riesgosa, por lo que habría que reconocerle algún mérito. Mover el barco para asumir una identidad de derecha más moderna y liberal hace crujir estructuras más afines a la “democracia delegativa kenjista” y la complica frente a su elector típico que, como muestra la última encuesta de GFK, está en un 78% de acuerdo con la campaña “chapa tu choro” y en un 60% no está interesado en estas sutilezas político-ideológicas.

Latinobarómetro 2015

Artículo publicado en La República, domingo 27 de setiembre de 2015

El último informe del Latinobarómetro, que cumple veinte años, viene con datos recogidos en los meses de enero y febrero de este año en 18 países de América Latina. Volvemos a constatar los muy bajos niveles de legitimidad de nuestras instituciones políticas, lo que pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de una reforma política en serio; de otro lado, llama la atención la caída de opciones socialdemócratas como las ensayadas en Brasil y Chile, y la expectativa que despiertan todavía los gobiernos de izquierda en medio de la desaceleración económica regional.

Aparecemos como suele ser habitual como uno de los países con menor satisfacción con el funcionamiento de la democracia, junto a Paraguay, Brasil y México; Ollanta Humala resulta el presidente peor evaluado de toda la región, por debajo de Nicolás Maduro y de Dilma Rousseff, confirmando un patrón también registrado en los anteriores gobiernos, pese a haber tenido uno de los mejores desempeños económicos en los últimos años. Consideramos a nuestro gobierno muy poco transparente, junto a los brasileños, colombianos y guatemaltecos. Tenemos un Congreso en el sótano de la región, con apenas un 8% de ciudadanos que se sienten representados por este, cuando el promedio latinoamericano es de 23%. Consideramos a la delincuencia como el problema más grave del país, junto a los salvadoreños, que tienen una de las tasas de homicidio más altas del mundo, y dentro de los que consideran a la corrupción como el problema más grave, estamos segundos después de los brasileños. Al final, somos los ciudadanos más insatisfechos con nuestras vidas, con 59% de ciudadanos satisfechos, cuando el promedio es 77%.

De otro lado, llama la atención que los países con mayores niveles de satisfacción con la democracia tengan gobiernos de izquierda, como Uruguay, Ecuador y Argentina. Los presidentes con más aprobación son Danilo Medina de República Dominicana, José Mujica de Uruguay y Evo Morales en Bolivia, nuevamente de centro o izquierda. El apoyo a la democracia como régimen es más alto en Venezuela, Uruguay, Ecuador y Argentina. Se considera que se gobierna para el bien de todo el pueblo en mayor propoción en Ecuador, Uruguay, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, mientras que países como Brasil, Costa Rica y Chile aparecen con los porcentajes más bajos; Brasil y Chile tienen además los niveles más bajos de cercanía hacia los partidos políticos. En el mismo sentido, se tiene una percepción más justa de la distribución de la riqueza en Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y la más injusta en Chile y Brasil.

Hasta hace pocos años, Chile y Brasil parecían haber encontrado la fórmula mágica: democracia liberal representativa, economía de mercado y crecimiento, políticas sociales eficaces… de ese grupo, solo Uruguay se mantiene firme. De otro lado, gobiernos de izquierda mantienen legitimidad, a pesar de su irrespeto a principios liberales – representativos. En medio de la desaceleración, la redistribución se valora especialmente.

Celo fiscalizador: ¿hasta dónde?

Artículo publicado en La República, domingo 20 de setiembre de 2015

Según la Constitución, el Presidente “personifica a la nación”; pero también es el Jefe de Estado y dirige la política general del gobierno. Así que, de un lado, se le debe respeto y debe ser hasta cierto punto “intocable” (de allí que goce de inmunidad y que solo pueda ser acusado por causas muy específicas durante su mandato), pero del otro resulta estando en el centro de la contienda y pasiones políticas. En el juego gobierno – oposición puede haber una confrontación muy enconada, pero debe hallar su límite cuando pone en riesgo la estabilidad del régimen. Parecemos acercanos peligrosamente a esa orilla.

Juan Linz decía que en las democracias existían oposiciones leales, semileales y desleales, según su grado de adhesión al régimen político; hoy que el riesgo de un golpe de Estado se ha minimizado, Aníbal Pérez-Liñán señala que lo que está en juego es el enjuiciamiento político y la destitución de los presidentes por parte del Congreso. Podría decirse que hoy la deslealtad no busca un golpe sino la destitución del presidente sin bases sólidas, privilegiando ganancias de corto plazo; y la semilealtad, la más peligrosa según Linz, es la que le sigue el juego irresponsable y oportunistamente. En este escenario, intervienen varios actores: periodistas y medios de comunicación que levantan denuncias y crean escándalos asociados a casos de corrupción; fiscales y jueces que se hacen cargo de la investigación y sanción de las mismas; las mareas de la opinión pública y la capacidad de movilización callejera; y las correlaciones de fuerza en el Congreso. Cada uno con intereses propios, más allá de los estrictamente políticos: ganar notoriedad o prestigio, sintonía, popularidad.

Trazar la línea entre el imprescindible celo fiscalizador y el control a las autoridades y la denuncia escandalosa sin fundamento no siempre es fácil de hacer. Pero cuando se trata de la legitimidad y estabilidad del régimen en su conjunto, se impone la prudencia y la responsabilidad. Hablar de que se dispone de denuncias que “harían caer al gobierno”, “comparables a los vladivideos” y no ser capaz de mostrarlos resulta un exceso; deslizar sin mayor evidencia que la Presidencia de la República estaría involucrada en un homicidio porque pretende encubrir la comisión de otros delitos, por ejemplo, es cruzar una línea que expresa elocuentemente los excesos en los que se puede caer en busca de una “primicia” y la inmadurez y primitivismo de la acción de la oposición.

Será acaso por las dudas que dejan las denuncias que presentan periodistas y políticos, la escasez de evidencia contundente, lo difícil que resulta distinguir una denuncia relevante de otra sin fundamento, es que si bien existe una amplia desconfianza y malestar ciudadano, este no se expresa en una movilización social con demandas claras. Y en el Congreso, si bien la oposición se envalentona y la bancada gubernamental se fracciona, afortunadamente el escenario de una interrupción de mandato se ve lejano.

Reformas políticas urgentes

Artículo publicado en La República, domingo 13 de setiembre de 2015

La Asociación Civil Transparencia, de la que tengo el honor de ser parte, acaba de aprobar un conjunto de propuestas de reforma institucional para el fortalecimiento democrático, que serán presentadas al país próximamente.

Se trata de un propuesta que busca ser ambiciosa e integral, en el sentido de que aspira a cambios que, implementados en conjunto, podrían marcar el inicio de un cambio de dinámica en el funcionamiento del sistema político. Pero al mismo tiempo, que parte de un realismo elemental: se trata de reformas capaces de generar consenso y que tengan un mínimo de viabilidad. En esta línea, recoge y se apoya en iniciativas presentadas anteriormente por diversas instituciones y analistas políticos, dentro de las cuales destaca la importante propuesta de reforma política presentada por el JNE, la ONPE y el RENIEC, actualmente en debate en el Congreso. Como sabemos, esta se ha centrado en establecer la democracia interna en los partidos, la eliminación del voto preferencial, la implementación del financiamiento público a los partidos y la exclusión de candidatos que hayan sido sentenciados por la comisión de delitos dolosos.

En el corto plazo, Transparencia propone tres medidas que complementan las mencionadas: la primera es cambiar la fecha de elección del Congreso, para que coincida con la segunda vuelta de la elección presidencial. Esta reforma busca que los electores elijan el Congreso sabiendo la distribución de las preferencias presidenciales de primera vuelta, para permitir a quienes así lo deseen hacer un uso “estratégico” de su voto: esto podría tener cierto efecto reductor de la dispersión del voto en el Congreso, lo que ayudaría un poco a mejorar su funcionamiento.

Pero esta medida por sí sola no funcionaría, porque la experiencia muestra que las bancadas congresales se fraccionan rápidamente; en gran medida, como consecuencia de que muchas listas congresales transportan partidos que están buscando superar la valla electoral del 5%. Por ello la segunda propuesta es elevar la valla para las alianzas, con 2.5 puntos porcentuales por cada partido adicional miembro de la misma. Así limitaríamos la existencia de partidos sin verdadera representación. Más adelante, esto debería complementarse con una reforma que fortalezca el funcionamiento de las bancadas dentro del Congreso.

Finalmente, urge regular el uso del dinero en la próxima campaña electoral, para limitar la acción de mafias y la acción indebida de grupos de interés. Por ello, proponemos ser mucho más exigentes con el control de gastos de campaña, especialmente los realizados en televisión y radio, que son los más significativos. Si los partidos no son capaces de rendir cuentas por los gastos realizados efectivamente, deberían tener sanciones drásticas, que deberían llegar hasta la pérdida de registro.

No creemos que estas medidas vayan a solucionar todos nuestros problemas, sí que pueden marcar un punto de inflexión respecto a la situación actual. Estamos a tiempo.

Con la palabra desarmada

Artículo publicado en La República, domingo 6 de setiembre de 2015

No debería pasar desapercibida la publicación de Con la palabra desarmada. Ensayos sobre el (pos)conflicto, de Alberto Gálvez Olaechea (Lima, Fauno eds., 2015). El libro aparece coincidiendo con su salida de prisión, después de 27 años de encierro, a los 62 años, condenado por delito de terrorismo, al ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Fue detenido en 1987, a los 33 años; fue parte de la fuga del penal Castro Castro a través de un túnel a inicios de julio de 1990, y fue recapturado en mayo de 1991. En enero de 1992 renunció al MRTA, tras el asesinato de Andrés Sosa, resultado de disputas internas.

El libro compila cuatro ensayos escritos por el autor en torno al trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación; dos componen la mayor parte del mismo. El primero, de abril de 2003, fue presentado como balance personal de la actuación del MRTA ante la CVR; el segundo, de marzo de 2004, es un comentario al Informe Final.

Gálvez se convierte en interlocutor al señalar que “al renunciar al MRTA hace más de veinte años lo hice también a toda forma de acción que no fuera mi palabra desarmada” (p. 14). A lo largo de sus páginas uno puede discrepar de las evaluaciones del autor, pero no podría negar un esfuerzo honesto por dar cuenta de su trayectoria y la del MRTA, cuestión necesaria para que los sucesos de violencia que vivimos no se repitan. Podría decirse que el texto muestra ambigüedades propia de alguien que afirma que “no niego la gravedad de mi actos ni la magnitud de mis errores, pero tampoco reniego de las opciones esenciales de mi vida. No pretendo aquí defender, minimizar, justificar o negar nada; solo trato de comprender y explicar” (p. 14). Así por ejemplo, el autor se esfuerza en resaltar las diferencias entre el MRTA y Sendero Luminoso, y reclama parentesco con otros grupos guerrilleros que luego se incorporaron exitosamente al juego democrático, como el Frente Amplio uruguayo, el sandinismo nicaragüense o el Farabundo Martí de El Salvador; sin embargo, a mi juicio tiende a minimizar la gravedad de acciones terroristas, la práctica de secuestros, toma de rehenes y asesinatos selectivos perpetrados por la organización que dirigía.

Con todo, resultan muy aleccionadoras para el país las conclusiones a las que llega Gálvez: “exacerbar los conflictos sociales a través (…) de la violencia (…) abre el camino de procesos impredecibles, a veces perversos y contradictorios con el ideal enarbolado” (p. 93-94); “que el voluntarismo vanguardista –la formación de grupos autoproclamados dirigentes o portadores de (…) ‘la línea correcta’- es no solo falaz sino peligroso cuando estos grupos se alzan en armas”; y que “en todas las circunstancias debemos estar del lado de los oprimidos, pero sin perder de vista que están hechos del mismo barro que los opresores (…) esas gentes de carne y hueso tienen que hacer y vivir su propia historia, y nadie hacerlo en su nombre” (p. 94).